domingo, 30 de noviembre de 2008

PSU y discriminación social



La semana entrante más de 274.000 egresados de la educación media rendirán la prueba de selección universitaria (PSU), cuyo puntaje es utilizado como criterio PATRA la selección de los postulantes a las carreras que ofrecen las instituciones de educación superior. Este puntaje a las carreras que ofrecen las instituciones de educación superior. Este puntaje también sirve como discriminador para la asignación de subsidios estatales como becas, créditos y aportes a universidades.


La PSU ha sido fundadamente criticada por perjudicar las posibilidades que tienen los estudiantes que provienen de los colegios públicos de acceder a la educación superior y por profundizar así la brecha de oportunidades que los separa de los que pueden acceder a la educación particular.

Pese a ello, las autoridades gubernativas y legislativas han dejado transcurrir otro año más impávidas ante la contundente evidencia, sin abordar cambios de fondo muy necesarios.
Cuando en 2004 se impulsó la sustitución de la antigua Prueba de Aptitud Académica (PAA) por la actual PSU, la principal justificación presentada fue la necesidad de contar con un instrumento de selección que revirtiera la desventaja que enfrentaban los postulantes que provenían de la educación pública. Sin embargo, los resultados a partir del cambio han demostrado que, lejos de conseguirse ese objetivo, se ha profundizado al desventaja en perjuicio de los que provienen de esa educación.

La edición de hoy de este diario da cuenta de que desde la aplicación de la PSU el porcentaje de estudiantes provenientes de colegios municipales y particulares subvencionados han descendido significativamente: en la Universidad de Chile esos alumnos bajan desde casi un tercio en 2004 a cerca de 20% este año, mientras que en la Pontificia Universidad Católica esa proporción ha caído de 16% a 11% en el mismo período.

Un primer factor que explica este efecto es que la PSU, a diferencia de la PAA, está
Más orientada a evaluar conocimientos adquiridos que aptitudes. Por ello, los alumnos que han estado en colegios con educación de menor calidad, como ocurre en los públicos, están en una situación de desventaja, pues para ellos es más difícil acceder a los conocimientos requeridos por la prueba. Las aptitudes, por el contrario, no son dependientes de la educación y de la condición socioeconómica.

Un segundo factor es que al examinar en base a conocimientos adquiere mayor incidencia en el resultado final la preparación que los estudiantes pueden tener en el tipo de preguntas y en el aprendizaje de los contenidos examinados.
De ahí que en la actualidad se aprecia una profusión de empresas que proveen preparación para la PSU, lo que otorga una ventaja adicional a los que pueden financiar estos servicios y deja más debilitadas las posibilidades de quienes sólo acceden a la educación regular.

Cabe aquí llamar la atención sobre la desnaturalización del proceso educativo que este fenómeno representa, porque en vez de dedicarse esas horas y recursos a la educación formal, se emplea en aprendizaje de habilidades examinatorias de dudosa utilidad a la hora de completar la formación de capital humano que requiere el país.
Además de los problemas señalados, las soluciones que se han planteado, al no atacar las causas de fondo, tiende a generar otras distorsiones: por ejemplo, para mitigar los efectos regresivos de la PSU se ha propuesto ponderar favorablemente a los colegios municipales y subvencionados. A su vez, respecto de aporte fiscal indirecto se ha planteado incorporar las notas de enseñanza media en forma equivalente al puntaje de la PSU.

El amplio consenso en el país acerca de la mala calidad de la educación con apoyo estatal, y la desventaja que ella representa en términos de acceso a la educación superior, deberían llevar a las autoridades a revisar a fondo el modelo de examinación utilizado en la PSU, por los efectos negativos que causa precisamente a quienes pretendían originalmente ayudar.

Fuente: Editorial. Diario La Tercera. Domingo 30 de Noviembre de 2008

martes, 25 de noviembre de 2008

"No más SIMCE"



Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados pone en cuestión al
SIMCE

Con la consigna “NO MAS SIMCE”, la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, AMDEPA, llamó a sus pares a rechazar el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, prueba anual que se realizó entre el 6 y el 11 de noviembre.

Se trata de un test que evalúa aprendizajes instrumentales de Lenguaje,
Matemáticas y Ciencias para los cursos de cuarto y octavo básico y segundo medio en todas las escuelas del país.
Los apoderados califican a esta prueba estandarizada de “instrumento de mercado y lucro en educación”, pues promueve la competencia entre escuelas, genera la imagen de que la educación privada es la mejor, y favorece la segmentación social, al fomentar que los colegios busquen educar solo a niños y jóvenes que no les “bajen el SIMCE”, entre otros muchos nudos críticos.

AMDEPA propone, en cambio, un debate nacional para escoger una nueva forma de evaluación del sistema educativo, que contemple el seguimiento de todos los ámbitos curriculares (lo valórico, lo socioafectivo, lo artístico, lo deportivo, la creatividad, etc.).

No es primera vez que una organización social cuestiona al SIMCE y su uso mediático. El año 2007 diversos colectivos de estudiantes secundarios llamaron a no responder la prueba, como forma de protesta por las múltiples expulsiones de estudiantes que estaban ocurriendo. Asimismo, diversas organizaciones docentes han denunciado que la aplicación del SIMCE conduce a un “empobrecimiento” curricular, es decir, a que los colegios solo se centren en las materias evaluadas por la prueba.

Parece ser que llega la hora de debatir sobre lo que entendemos por calidad de la educación, incluso sobre el concepto mismo de calidad y sobre la mejor forma de evaluarla.

Fuente: OPECH. 19 de Noviembre 2008