miércoles, 9 de abril de 2008

Donde manda capitán no manda marinero…¿Y donde estudian los capitanes?



Los medios de comunicación han demostrado ser una herramienta muy eficaz para instalar en el sentido común de la ciudadanía la mala calidad de la educación municipalizada, en oposición a la particular subvencionada, y qué decir con respecto a la particular pagada, donde claramente la distancia es abismante.

Los resultados son evidentes: mientras en 1981 el 78% de la población estudiantil estudiaba en colegios municipalizados, el 2005 sólo lo hacía el 48,4%.
Pero dentro de nuestra sociedad existe un sector que parece estar al margen de este debate. Este sector, siempre ha tenido claro que sus hijos deben estudiar en los establecimientos que den continuidad a su estatus social de origen. Establecimientos que otorguen las herramientas sociales especificas para que su sector reproduzca su ubicación social. Marco suficiente para que el día de mañana puedan ser los grandes líderes del país ocupando los privilegiados puestos de políticos y/o empresarios. Padres que cuentan con ingresos que les permiten costear mensualidades que superan los $226 mil, son padres convencidos de que lo que asegura el futuro de sus hijos es el roce social que tengan desde pequeños.

Un estudio realizado por el diario La Tercera hace evidente lo que ya todos sabemos: si quieres ser capitán y dirigir esta gran nave, debes estudiar en alguno de los diez establecimientos particulares pagados que por décadas ha formado a los dirigentes políticos y económicos de nuestro país. Entre ellos, el Saint George, el Verbo Divino, los Sagrados Corazones, por sólo nombrar algunos.
A pesar de que no se puede tener acceso al diseño muestral como tampoco a los aspectos metodológicos que se tomaron en cuenta para realizar este estudio – pues no están publicados en la web -, dos artículos, uno con fecha 23 y otro con fecha 30 del mes de marzo, nos indican cuáles son los establecimientos que concentran la educación de políticos y empresarios. Por ejemplo, el 55% de los políticos chilenos estudió en colegios particulares pagados, encabezando la lista, el Saint George. Y el 84% de los gerentes generales de 100 grandes empresas, cuyas ventas superan los US$ 80 millones al año, también estudiaron en esta clase de establecimientos, ocupando nuevamente uno de los primeros lugares, el colegio ya mencionado.

La Tercera, también alude a otro estudio realizado el 2003 por Seminarium, una empresa que se encarga del entrenamiento de ejecutivos a nivel Latinoamericano, para fortalecer la misma idea, señalando entre sus datos que el “74% de los lideres del mundo corporativo mayores de 60 años, estudiaron en colegios particulares, mientras que un 85% de los lideres menores de 40 años provienen del mismo tipo de instituciones”. Una tendencia que se ha ido reforzando con el tiempo, y que continua en la educación superior, donde se observa una tendencia de los menores de 40 años a estudiar Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil ya no sólo en universidades tradicionales como la Universidad Católica o la Universidad de Chile, sino también en la Universidad Adolfo Ibáñez, con un 6,3% de las preferencias, y en la Diego Portales, con un 4,2%.

Pero toda esta información no tendría mayor utilidad si no se insistiera en la idea de que la educación pública está en “crisis” o en franco “declive”. El gran representante de este fatídico anuncio es el emblemático Instituto Nacional, establecimiento que históricamente ha representado la esperanza de muchas familias, que no tienen los recursos para financiar una educación particular, de que sus hijos también tengan algún lugar en la clase “dirigente” del país.
Y los números no mienten, al menos esto también lo dice hoy el sentido común: de la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet –teniendo en cuenta ministros y parlamentarios -, “entre los menores de 40 años, más del 70% de los políticos de la
Alianza salieron de colegios privados y ninguno de colegios municipales. En la
Concertación, más del 55% de sus dirigentes estudiaron en colegios particulares y el
33% en municipales”. Y si el Instituto Nacional había formado al 8,3% de los hombres que ejercían el poder hace cinco años, hoy sólo esa cifra se leva al 3,4%. Lo mismo pasa entre los empresarios: mientras un 16,28% de los empresarios mayores de 60 años estudió en este instituto, ubicándose entre los diez primeros establecimientos con mayor preferencia y segundo en esta lista, después del Saint George; para los menores de 40 años, no se ubica en ninguno de los puestos de los top 10.

En resumen: ya sabemos dónde estudian los capitanes: en el Saint George, o en el San
Ignacio o en el Sagrados Corazones de Manquehue, etc., y si usted no tiene acceso a uno de estos establecimientos, confórmese, su hijo será un gran marinero, pues sus ingresos finalmente son los que determinan el futuro de sus hijos. No será lejano el día en que los dirigentes de nuestra sociedad, hayan estudiado en la misma comuna sus estudios primarios, secundarios y superiores. Del Saint George, pasando por la Universidad de los Andes, directo a la Moneda o los ministerios. Otra cara de la segmentación educativa, que finalmente solo es un reflejo de la segmentación social.

La Tercera: A 55% subió el número de políticos que se formaron en colegios particulares. (23-03-2008)

La Tercera: El 50% de los gerentes de grandes empresas egresó de cinco colegios.
(30-03-2008)

Seminarium: La Educación De Los Líderes Corporativos


Fuente: OPECH

lunes, 7 de abril de 2008

9 de Abril: Marcha Nacional contra el Lucro en Educación



El Colegio de Profesores, la Confech y la Asociación Nacional de Funcionarios del MINEDUC, entre otras organizaciones sociales y académicas, han convocado a una movilización nacional para el día miércoles 9 de Abril a las 19:00 hrs. Esta movilización se realizará mientras aún se estudia en la comisión de educación del Congreso la Ley General de Educación y se recaban antecedentes sobre escándalo de las irregularidades en la entrega de subvenciones escolares a sostenedores privados. Esta es la tercera manifestación en lo que va del año motivada por los problemas en el sistema educativo en general y es la primera que reúne a distintos actores educativos. Se inauguran así las acciones masivas de la Asamblea Nacional por el Derecho a la Educación, instancia que se plantea formar parte de los esfuerzos de la sociedad civil por mejorar el sistema educativo de nuestro país durante este año. (Ver convocatoria a la movilización en: http://www.opech.cl/editoriales/2008_04/2008_04_03_convocatoria_marcha_9_abril.pdf )
Fuente: OPECH. 3 de Abril de 2008

domingo, 6 de abril de 2008

Around the World: Escuelas de la risa en Japón.






En la cultura nipona, está mal visto sonreír a los extranjeros. De hecho, son bastantes reacios a expresar sus emociones y tienen fama de ser inescrutables, por ello llama la atención la creación de escuelas de la risa y el recientemente fundado Instituto Japonés de la Risa. ¿Por qué ahora? Los japoneses se dieron cuenta que el negocio de hacer a la gente sonreír genera cientos de billones de yenes al año.

JA, JA, JA
Tanto es el interés por el tema de la risa, que no sólo se dictan cursos, también se publicó un diccionario de la risa japonesa donde se compila todos los aspectos de la risa, incluso sus características, su presencia en la literatura y las artes, el origen y la onomatopeya de la risa.

•Población (est. 2007):

JAPON: 127.417.244 CHILE: 16.598.074

•Densidad:

JAPON: 336 hab/km2 / CHILE: 21,3 hab/km2


•PIB per cápita:

JAPON: US$ 33.668 / CHILE:US$8.864

•IDH*:

JAPON: 0,949 (7º) / CHILE: 0,859 (38º)


•PISA 2000:

JAPON: 522 / CHILE:410

•TIMSS Matemáticas.

JAPON: 570 / CHILE: 387

EXPERIENCIA CHILENA
La Universidad Diego Portales abrió el año pasado el Instituto de Estudios Humorísticos. Además de fomentar en los estudiantes el uso de nuevas expresiones y habilidades a través del humor, esta instancia tiene por objetivo estudiar las fuentes y géneros del humor. Se busca además ahondar en las instancias relacionadas con el humor.


Fuente: VENTANAL n° 84 Diciembre 2007

miércoles, 2 de abril de 2008

SOBARSE LAS MANOS CON LAS PLATAS DEL ESTADO



Ganar o no ganar plata educando pingüinos. Esa es la disputa que, a partir del envío del proyecto de la LGE, ha sacado ronchas entre quienes defienden el interés de empresarios y quienes plantean que es impresentable lucrar con fondos públicos.
por Macarena Peña y Lillo
Reportaje y entrevista a Mariana Aylwin.

“HAY QUE TRANSPARENTAR EL NEGOCIO”

A la mami de Paz Bascuñán se le soltaron las trenzas. La ex ministra de Lagos y militante DC, ahora desde el mundo privado de la enseñanza, defiende la educación como negocio y cree que sólo habría que “transparentarlo”.


Una de las voces que más fuerte se ha escuchado en defensa del lucro es la de la ex ministra de Educación Mariana Aylwin, la misma que enfrentó el primer round con los pingüinos el 2001, cuando se destapó la olla de los “raspapases”. La hija del ex Presidente Aylwin sigue en el rubro educacional, pero ahora del otro lado, el privado, codeándose con magnates y avivados ex funcionarios públicos.
La mami de Paz Bascuñán es directora ejecutiva de la Corporación Aprender, entidad sostenedora de dos colegios subvencionados, uno en La Pintana y otro en Pedro Aguirre Cerda. Además, es parte del directorio de la Universidad Uniacc y participa de la Fundación Belén Educa, donde comparte con personajes como el también ex titular de Educación y actual presidente de Codelco, José Pablo Arellano; el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Martín Costabal, y Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec y sobrino del patriarca del grupo, Anacleto Angelini.



¿Por qué defender el lucro en educación como legítimo?
- El tema de fondo es si queremos que participe el sector privado en educación o no, porque si queremos que participe tenemos que permitir que esas personas tengan retorno de su actividad. Lo que yo encuentro ilegítimo es lucrar a costa de la calidad del servicio, hay que buscar formas para que eso no pueda ocurrir. Lo que hacía el colegio Britania es ilegítimo, es un escándalo, y el Estado tiene que tener facultades para intervenir en esos casos.


¿Cómo hacer para no transar la calidad de la educación si se justifica la generación de utilidades a partir de una subvención de 30 mil pesos?
- Yo creo también que hay que mejorar la subvención, pero ese es otro punto. El 90% de los establecimientos privados con fines de lucro son de sostenedores pequeños, profesores que han hecho su esfuerzo y han instalado un colegio. Son pequeños o medianos empresarios, gente que vive de eso.


Pero hay quienes han ganado harta plata con la educación…
- Pero son casos aislados. La mayoría son pequeños y nadie puede decir que se han enriquecido. Si nosotros permitimos solamente que las corporaciones puedan funcionar va a pasar lo que ocurre con las universidades, donde los más ricos forman sus corporaciones, compran las universidades y sacan el lucro por otra parte.


A ver, pero usted pertenece al directorio de la Uniacc, universidad que utiliza esos mecanismos.
- Perdón, la actividad de las universidades privadas es completamente legítima y legal, así es que no tengo ninguna contradicción. La Uniacc, además, atiende a un montón de personas que están terminando sus estudios.


Pero eso es un ejemplo de que a pesar de ser instituciones sin fines de lucro, hay ganancias.
- Yo estoy en contra de una legislación que dice que las universidades no tienen fin de lucro y que las universidades se las arreglen para tener fin de lucro de otra manera.

O sea, la idea sería transparentar el negocio…
- Por supuesto. Hay que transparentarlo, porque en nuestro país siempre decimos cosas en las leyes que no se cumplen. Yo quiero transparencia, quiero buen uso de los recursos, especialmente cuando son recursos públicos, y quiero diversidad de ofertas en educación. Y para eso, lo que tenemos que hacer no es terminar con el fin de lucro en educación.


LA MÁQUINA DE TENER COLEGIOS
Cerca de 30 mil pesos por alumno es lo que reciben mes a mes los colegios subvencionados de parte del Estado. Ya sean particulares o municipales, con ese monto los establecimientos tienen que pagar a sus profesores y mantenerse.
Desde diversos sectores se ha alegado que esa cifra es demasiado baja. Muchos dicen que debería al menos duplicarse para alcanzar a satisfacer las necesidades, sobre todo teniendo en cuenta que un colegio particular -de esos que aparecen top 10 en el Simce o la PSU- no cobra menos de 100 mil pesos de mensualidad. Pero, aunque resulte incomprensible, hay sostenedores que, de esos escuálidos 30 mil pesos, sacan utilidades y ganan plata.
“El tema aquí es ético, es decir, qué legitimidad tiene lucrar con dineros públicos”, dice Juan González, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH. Y claro, si el fisco da a penas para funcionar, es difícil entender de dónde sale la posibilidad de enriquecerse.
Pero no hay que engañarse. Si bien hay sostenedores pequeños que lucran cortando la cola de las subvenciones, existen grandes conglomerados educacionales con varios colegios a su haber, que reciben enormes sumas de dinero, “4 a 5 millones de dólares mensuales”, acota Juan Pablo Caldichoury, del OPECH. Plata garantizada ni más ni menos que por el Estado de Chile que les permite obtener créditos y hacer inversiones de largo plazo, todas actividades que generan enormes retornos.
El proyecto de Ley General de Educación establece que los sostenedores deberán ser “corporaciones sin fines de lucro”, no más personas naturales. Esto, a juicio de los chicos del OPECH, no hará más que concentrar el negocio y por lo tanto, hacerlo más rentable para los poderosos: “la mayor garantía para lucrar es la concentración, ya que a mayor concentración, más cantidad de negocios”, dice González.


AL “MERCADO” DE LA EDUCACIÓN
El Estado de Chile destina por cada alumno de establecimiento municipalizado y particular subvencionado una cantidad de dinero que bordea los 30 mil pesos. Basándose en la teoría neoliberal, ese monto debería ser entregado directamente a las familias en lo que se llama un voucher (algo así como un pagaré), para que ellos vayan al “mercado de la educación”, escojan el colegio que quieren para sus hijos y pasen por caja. Pero como no hay certeza de que los ciudadanos hagan buen uso de estos recursos, piensa el fisco, va y le pasa la plata al colegio. Entonces, un sostenedor recibe mensualmente un monto según la cantidad de alumnos que asistieron a clases en su establecimiento. De esta forma, el Estado se desliga de la educación de los estudiantes, le pasa la plata a los privados y espera que ellos se hagan cargo.

Fuente: Revista "Mala Clase". FECH

lunes, 31 de marzo de 2008

Las aguas de la educación se agitan



La semana pasada fue movida en educación. Estudiantes se movilizan, profesores llaman a conformar la Asamblea Nacional por la Educación pública y el Congreso dilata el debate educativo

Dos marchas de actores sociales de la educación, el llamado del Colegio de Profesores a conforma la Asamblea Nacional por la Educación Pública, más algunas agitaciones en el Congreso, empiezan a calentar el ambiente, confirmándonos que la discusión sobre el sistema educativo no terminó con el pacto entre el gobierno, la Alianza y la Concertación.

Primera tanda: Las federaciones de estudiantes de universidades públicas, agrupadas en
la Confech, en acción conjunta con algunas federaciones de universidades privadas,
llamaron a movilizaciones para el pasado miércoles 26 de marzo. Las principales demandas
de los universitarios, según explicó el presidente de la Fech, Jaime Zamorano, son dos:
los diversos problemas que a nivel nacional ha generado la Tarjeta Nacional Estudiantil,
TNE, que van desde el precio fijado en regiones hasta la imposibilidad de usarlo en todo
el país; y el rechazo a las conclusiones del Informe del Consejo Asesor de Eduación
Superior, entregado esta semana a Bachelet, donde se apoyaría el lucro y se omitiría la
participación estudiantil, entre otros temas levantados por los estudiantes.
La declaración conjunta de las federaciones también crítica el acuerdo de educación que
suscribieron el gobierno y los partidos políticos de concertación y derecha, por no
significar una superación de la educación mercantil y profundizar la crisis de la
educación pública, a la vez que critica la utilidad de estos consejos asesores si
finalmente las modificaciones se decidirán en reuniones cerradas entre los mentados
partidos. (Ver Declaración Pública en http://www.fech.cl/ )

Segunda tanda: Para el pasado viernes 28 de marzo, a las 9:30, la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Populares –que protagonizó la toma simbólica de la Seremi metropolitana el
15 de marzo- convocó a una marcha en Alameda con Estado. Sus demandas apuntan,
básicamente, al fin del sistema mercantil, bajo la consigna “contra la educación
neoliberal, lucha estudiantil y popular”. (Ver demandas en
http://upestudiantil.blogspot.com/ )
Estos movimientos se dan en medio del debate mediático generado por la acusación
constitucional que se efectuó el miércoles 26 contra la ministra de Educación,
Yasna Provoste tras el escándalo de las subvenciones fraudulentas. El 18 de marzo
pasado los diputados concertacionistas de la Comisión de Educación rechazaron votar el
proyecto de Ley General de Educación en la Cámara Baja, tras reunirse con
organizaciones sociales de profesores, apoderados y estudiantes que les hicieron ver sus
críticas a la escasa profundidad de los cambios propuestos en la Ley General de
Educación.
Es difícil saber si esta “dilatación” en el debate legislativo se debe a la crítica
permanente que le han hecho las organizaciones educativas, o es sólo una pieza más del
gallito político que se abrió tras el escándalo de las subvenciones fraudulentas.
Así las cosas, mientras los diputados ajustan y sacan cuentas, los actores sociales
intentan recordar que sus demandas, que apuntan a cambios de fondo en el sistema
educativo, están siendo omitidas del debate mediático (en la misma medida en que son
excluidas de todas las instancias de decisión). Veremos si su presencia en las calles será
respondida con la debida atención o, como ha sido costumbre, con toda la fuerza de un
“estado de derecho”.
Fuente: OPECH

sábado, 29 de marzo de 2008

LGE y Loce… ¿lo mismo?



Lo decían los carteles de la revolución pingüina: “Abajo la LOCE”. LOCE es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, también conocida como LOCEr. Impuesta en Dictadura con un gran debate nacional entre 3 gloriosos generales, no sólo es la normativa que rige la educación, sino también el símbolo de su mala calidad y de las abismantes diferencias entre colegios para gente de bien y colegios para la mayoría.
La LGE, por su parte, es el proyecto de Ley que Bachelet envió recientemente al Parlamento, teniendo por objetivo derogar la LOCE (lo que obviamente nadie habría hecho si no fuera por la rebelión pingüina del 2006).


Puntos estrellas de la LGE:


- El lucro:
Se le exige a los sostenedores de colegios subvencionados que sean corporaciones sin fines de lucro, es decir, fundaciones. PERO la derecha ya ha anunciado, a través de múltiples columnistas en sus periódicos y de las voces de los parlamentarios UDI y RN, que la idea de terminar con el lucro de los colegios es una especie de retorno a la Unión Soviética de hace medio siglo. En palabras de Carlos Larraín, presidente de RN, “Bachelet está gobernando con el libro rojo de Mao”.

- La selección:
Hasta octavo básico los estudiantes no podrán ser discriminados para el ingreso a los colegios, lo que era una práctica recurrente de muchos establecimientos, ya sean municipales o particular-subvencionados.


Lo que faltó en la LGE:


- ¿Fin al lucro?
Es difícil superarlo por el hecho de que los colegios pasen a ser “corporaciones sin fines de lucro”, como las universidades. Éstas también lucran con los aranceles de sus alumnos, tanto a través de cobros excesivos como por métodos más tortuosos (las inmobiliarias dueñas de sus cedes). Así lo señala el OPECH, Observatorio de Políticas Educacionales de Chile, institución académica de la Universidad de Chile.

- Selección y financiamiento.
Se termina la selección, pero continúan los cobros en colegios particular subvencionados y de financiamiento compartido, haciendo que en la práctica, exista una selección por condiciones económicas para acceder a este tipo de establecimientos. La ley no toca este problema. OPECH señala que es difícil mejorar la educación si no aumenta radicalmente la subvención por estudiante, y esto todavía queda pendiente en futuros proyectos que se enviarán al parlamento a finales de Abril.


- Administración:
La LGE no se refiere a la administración del sistema, y todavía queda al debate si se continuará con el criticado sistema de administración municipal.


- Precariedad:
La precariedad en que se realiza el trabajo docente y la jornada escolar completa. Todavía tenemos docentes mal pagados, y colegios cuya infraestructura no está preparada para la jornada escolar.


- Evaluación:
El sistema de evaluación (SIMCE) limita los criterios de calidad y fomenta la competencia; todavía está pendiente su discusión.


Fuente: Revista "Mala Clase". FECH

jueves, 27 de marzo de 2008

Es un pájaro...es un avión…no!...es la Super...intendencia de educación!



La necesidad de que el sistema sea fiscalizado de mejor manera por el Estado y que el Ministerio de Educación tenga una estructura acorde a las necesidades es compartida por moros y cristianos. Sin embargo, hay que preguntarse qué clase de sistema educacional se está configurando con la batería de propuestas a la que pertenece la de la superintendencia de educación.

En estos tiempos la ciudadanía, cuando recibe de la autoridad un anuncio de nueva política pública, suele perderse en una maraña boscosa de explicaciones tecnocráticas que van a la forma, lo cual –quizás intencionadamente- impide que se produzca el debate sobre el supuesto ideológico en que esa modificación se produce. Es por eso que la propuesta presidencial de crear una superintendencia de educación debería, más allá de sus propios méritos, plantearnos la pregunta sobre qué sistema educacional está configurando el gobierno de Michelle Bachellet.
La creación de este ente fiscalizador venía desde hace tiempo siendo objeto de análisis por parte de las autoridades. Y, en principio, el posicionamiento de esta idea surgió de la movilización del año pasado y fue particularmente enfatizada por los actores del llamado Bloque Social. En su diagnóstico, estos actores apostaban a separar dos funciones típicas del Estado de naturaleza contradictoria: la promoción y la regulación.
O sea, se trataba de reformar el Mineduc para transformar la educación. De este modo se esperaba que el Ministerio, con su propia estructura, pudiera concentrarse en los aspectos educativo-pedagógicos que aseguraran una educación de calidad, dejando el control y la fiscalización en manos de la superintendencia.
Esta reflexión se volcó en el trabajo que realizó el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y fue el antecedente para este proyecto de ley, el cual ingresó al Parlamento por el Senado y será analizado por la Comisión de Educación a partir de la próxima semana. El texto presidencial, en resumen, contempla que la nueva dependencia será fiscalizadora y descentralizada; que podrá evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad del sistema educativo; fiscalizar el uso de los recursos públicos y exigir rendición de cuentas, además de velar por el cumplimiento de los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional.

Dentro de las atribuciones, también, la Superintendencia podrá auditar la gestión financiera de los sostenedores y acceder a la documentación que se estime necesaria. Podrá solicitar el nombramiento de un administrador provisional y aplicar sanciones a quienes no cumplan con la normativa vigente. Estas van desde la amonestación; multas a beneficio fiscal entre 50 y 1.000 UTM (entre $1.615.000 y $32 millones); inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor, y la revocación del reconocimiento oficial del Estado.
Más allá de crear un organismo que asuma las funciones reguladoras del sistema educativo, ¿qué implica todo esto? Para responderlo, es preciso insertar la figura de las superintendencias en un contexto más general. En él, es importante reconocer que este tipo de dependencias surgen en las políticas públicas contemporáneas como instituciones de regulación de sistemas de libre mercado, en sectores que tienen problemas de información.
Siguiendo esa lógica, el anuncio del Mineduc reconoce implícitamente que la educación chilena seguirá fundamentalmente configurada como un mercado. Lo contrario hubiera pasado, entre otras cosas, por el fin de la educación particular subvencionada o sea, por un pronunciamiento sobre el financiamiento y sobre la gestión del sistema. En el contexto actual, el rol del Estado, si bien existe, no cambia en cuanto a naturaleza, manteniendo su carácter neoliberal. Su acción se consolida en cuanto a la regulación del mercado se refiere, corrigiendo las imperfecciones en cuanto a la fiscalización y no en cuanto a garantizar educación de calidad.
La comprensión de que la creación de una superintendencia era potente en un contexto de transformaciones estructurales era fundamental para los actores sociales. De hecho, así estaba planteado en el documento del Bloque Social La crisis educativa en Chile, Propuesta al Debate Ciudadano, donde se decía claramente que “la Superintendencia es un organismo estatal y (debe enfocarse) a garantizar el derecho a la educación -por lo tanto no es un organismo concebido en relación a vigilar un mercado educativo-".
El Mineduc no opina lo mismo. Su ministra, Yasna Provoste, sostiene que esta propuesta busca construir una organización educativa donde el mérito y el esfuerzo sean los valores centrales. Y para diferenciarlo de la insulsa nómina de superintendencias del Estado post-dictadura, afirma que este proyecto no sólo tiene atribuciones sobre los recursos y la logística, sino también sobre la calidad.

Otro aspecto digno de considerar, si por último concediéramos la idea del mercado perfecto del que habla la panacea neoliberal, es que en esa situación hipotética los colegios de mala calidad deberían desaparecer por el hecho de que los consumidores-clientes, al tener capacidad de elegir sobre sus alternativas, deberían ir desechando a las menos atractivas. Este requisito –el de niveles de información adecuada en manos de los actores y del regulador- es considerado imprescindible como norma general para que las superintendencias funcionen adecuadamente.
Es preciso, entonces, preguntarse si los actuales mecanismos de recolección de información de que dispone el sistema son los necesarios, ya sea en su concepción o en su capacidad de acceso. Es difícil que la superintendencia y los ciudadanos tengan claridad de la calidad de la educación con herramientas como el SIMCE, que no logran reconocer adecuadamente el aporte de las escuelas y confunde respecto a la real dimensión que implica una educación de calidad integral.
Durante las próximas semanas veremos la evolución de este debate en el Parlamento, en el marco de un escenario educacional vertiginoso. En él, el análisis de cualquier propuesta debe considerar la evolución general de las transformaciones educativas. Por el momento hay que tener mesura, puesto que la propuesta de Superintendencia puede ser reconocida como un avance e incluso generar la impresión de que las cosas están cambiando, sin que eso esté sucediendo efectivamente.

Fuente: OPECH. 15 al 22 de Junio de 2007