El condicionamiento de los sueldos de los docentes ha sido la última medida que el gobierno y las municipalidades han esgrimido para disuadirlos de continuar movilizados. La presión alcanzó incluso a los sostenedores que los respalden, completando un panorama de represión que no deja puntada sin hilo.
Los cuatro días de paro nacional que suman los profesores provocaron, la semana pasada, la inmediata reacción de los sostenedores, tanto municipales como privados, al punto de amenazar con el descuento de sus remuneraciones de los días no trabajados, con el aval del gobierno.
La ministra de Educación, Mónica Jiménez, respaldó públicamente los dichos del alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett (presidente de la Comisión de Educación de la Asociación
Chilena de Municipalidades), respecto de iniciar sumarios a los docentes movilizados y de no pagar las horas extras en caso de recuperación de clases.
Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, criticó a la ministra: "A ella no le corresponde preocuparse de ese tema porque el Mineduc sólo es una caja pagadora. Lo que hace ella es una incitación a la represión, al castigo", acusó. (Ver declaración del
Magisterio:
http://www.colegiodeprofesores.cl/images/stories/pdf/amenazasumarios23junio2008.pdf )
Los sostenedores particulares no se quedaron atrás. El presidente de la Federación de
Instituciones de Educación Particular (FIDE), Jesús Triguero, deslegitimó en carta a El
Mercurio la paralización de los profesores, calificándola de “irresponsable”, “injustificada” y “desproporcionada”.
Las amenazas se extendieron, incluso, sobre los propios sostenedores que potencialmente apoyen las movilizaciones de estudiantes y profesores. En palabras de la propia Jiménez, el ministerio del Interior tiene “perfectamente identificado” el “comportamiento de los alcaldes y los sostenedores en general respecto al paro”, advirtiendo que como –según ella-
“no hay ningún motivo para tomas o paros o huelgas”, no pagarán la subvención a quienes hayan respaldado estas movilizaciones.
Este conjunto de medidas y advertencias perpetúan el ambiente represivo que ha sido la tónica durante el último tiempo, caracterizadas por los violentos y constantes desalojos de los colegios tomados por los estudiantes, la violencia ejercida por Carabineros durante las manifestaciones y el resultado de miles de adolescentes detenidos en pocas semanas. A esto se suma el desalojo de la Facultad de Derecho de la Universida de Chile hace pocos días y la invisibilización, por parte de autoridades y medios de comunicación, de las organizaciones sociales, académicas y educativas que se han pronunciado en rechazo a la Ley General de Educación.
Instituciones de Educación Particular (FIDE), Jesús Triguero, deslegitimó en carta a El
Mercurio la paralización de los profesores, calificándola de “irresponsable”, “injustificada” y “desproporcionada”.
Las amenazas se extendieron, incluso, sobre los propios sostenedores que potencialmente apoyen las movilizaciones de estudiantes y profesores. En palabras de la propia Jiménez, el ministerio del Interior tiene “perfectamente identificado” el “comportamiento de los alcaldes y los sostenedores en general respecto al paro”, advirtiendo que como –según ella-
“no hay ningún motivo para tomas o paros o huelgas”, no pagarán la subvención a quienes hayan respaldado estas movilizaciones.
Este conjunto de medidas y advertencias perpetúan el ambiente represivo que ha sido la tónica durante el último tiempo, caracterizadas por los violentos y constantes desalojos de los colegios tomados por los estudiantes, la violencia ejercida por Carabineros durante las manifestaciones y el resultado de miles de adolescentes detenidos en pocas semanas. A esto se suma el desalojo de la Facultad de Derecho de la Universida de Chile hace pocos días y la invisibilización, por parte de autoridades y medios de comunicación, de las organizaciones sociales, académicas y educativas que se han pronunciado en rechazo a la Ley General de Educación.
No debemos dejar en el olvido la experiencia de aquellos jóvenes del 2006, víctimas de aquella otra represión más sutil, la expulsión de sus establecimientos, medida que ha contado con la venia de los tribunales del país. (Ver caso Colegio Carolina Llona:
http://www.opech.cl/espec/07_03_22_paradigma_carolina_llona.html )
http://www.opech.cl/espec/07_03_22_paradigma_carolina_llona.html )
De cualquier manera, los representantes estudiantiles han anunciado una segunda ola de movilizaciones, incluyendo por cierto tomas de establecimientos, en tanto el proyecto de
Ley General de Educación entra al Senado con “urgencia simple”, un máximo de 30 días para su votación, durante los cuales seguro presenciaremos la permanente tensión entre la
ideologizada clase política chilena y los actores educativos.
Ley General de Educación entra al Senado con “urgencia simple”, un máximo de 30 días para su votación, durante los cuales seguro presenciaremos la permanente tensión entre la
ideologizada clase política chilena y los actores educativos.
Fuente: OPECH. 26 de Junio 2008
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