Ley de Educación Pública

Corporaciones locales de educación: Es necesaria mayor participación y recursos suficientes.

La Ley de Educación Pública comienza su discusión tras la demanda, muy extendida entre distintos sectores, de mejorar la institucionalidad de las escuelas del Estado, hoy dependientes de los municipios. Es en estas escuelas, muchas veces entregadas al vaivén político y financiero de las municipalidades, donde estudia el 90% de los niños con más necesidades socio-educativas y segregados educativa y territorialmente, por lo tanto, con mayores dificultades para integrarse simétricamente al sistema socioeconómico actual. Este desafío está en gran parte motivado por la constancia de las movilizaciones sociales en los últimos años. La opinión de la ciudadanía ha sido el principal detonante de las propuestas que buscan responsabilizar más al Estado de la educación pública, instalando a su vez la necesidad de profundizar la discusión acerca de que tipo de Estado es el que Chile necesita, y cuál será la forma en que éste incorpore mayores niveles de participación de la comunidad.

El proyecto de ley de educación pública crea corporaciones públicas locales cuyo objetivo único es la educación, las cuales serían los nuevos sostenedores de las escuelas del Estado. Estas corporaciones tendrán un director ejecutivo elegido por la alta dirección pública y un consejo directivo compuesto por alcaldes, algunos concejales y dos representantes elegidos por el MINEDUC. Sin embargo, no se contempla la participación de profesores, apoderados, estudiantes ni menos de otras organizaciones sociales de la comunidad. Tampoco se contempla que las corporaciones cuenten con técnicos especialistas como pedagogos, curriculistas, diseñadores, evaluadores, psicólogos, asistentes sociales, etc., para apoyar efectivamente el trabajo de las escuelas.

Es fundamental que las corporaciones puedan realizar esta labor de apoyo y así terminar con el mercado de las asistencias técnicas. Se debe eliminar el modelo de asesoría externa a la gestión educativa y conformar equipos que puedan incidir en la toma de decisiones desde las realidades locales y no sólo desde la técnica y la teoría.

Se plantea, además, que las corporaciones tendrán financiamiento fiscal directo vía presupuesto; se plantean 1,2 UTM anual por alumno matriculado, lo que se sumará a la subvención escolar regular. Esta cifra apenas alcanzará para solventar el funcionamiento de las propias corporaciones y no impactará en mejorar la inversión por alumno en las escuelas del Estado. Es fundamental que el Estado chileno haga una opción preferencial por sus escuelas públicas tal como lo señala la experiencia internacional.

Finalmente, no queda claro el papel del propuesto servicio nacional de educación dependiente del MINEDUC, pero desvinculado de la comunidad. Insistimos en la idea de que sin mayores niveles de participación de la comunidad esta nueva estructura puede terminar siendo simplemente más burocracia.

Comenzando recién la discusión sobre el proyecto, la derecha educacional tomó la iniciativa. Las editoriales de El Mercurio, La Tercera o las opiniones difundidas por organismos como el Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo o las manifestaciones de expertos como José Joaquín Brunner, entre otros, no salieron reclamando un mejor y más consistente proyecto. Este sector muy aflatado ideológicamente ha instalado en el rechazo fundamentalista a profundizar la acción del Estado en la escuela pública. Tras la defensa de sus intereses, este sector tergiversa la palabra libertad en defensa de la “autonomía” de las escuelas, los derechos de los niños que opten por la educación privada con igual financiamiento por parte del Estado.

Actuando hipócritamente teme, en realidad, que el Estado opte definitivamente por fortalecer sus escuelas, “discriminando” a quienes elijan la educación privada.
¿Por que hipócritamente? Hipócrita es quien tras la aparente defensa de un bien, esconde la defensa de sus intereses. Veamos. “Educando Juntos” es una iniciativa educativa donde confluyen fundaciones y corporaciones educacionales privadas ligadas al Opus Dei y algunas de las familias más poderosas del país como los Vial, Larraín, Matte, Izquierdo entre otros. Bajo esta iniciativa funcionan más de 14 establecimientos educacionales subvencionados de perfil católico conservador. Algunos de estos establecimientos cobran financiamiento compartido. Todos seleccionan alumnos y segregan como práctica educativa. La mayoría de estos recibieron, durante el año 2007, importantes sumas de dinero provenientes, por ejemplo, de donaciones empresariales. Sumas entre los 600 y 2.000 millones de pesos aproximadamente, dependiendo del establecimiento. Todo esto además de recibir la correspondiente subvención del Estado.

Similar situación ocurre con la fundación Educa UC, ligada a la Universidad Católica, la cual espera contar con una matrícula integrada de 30.000 alumnos. Ya cuenta con ocho colegios, un equipo de “gestión académica y formativa” como apoyo técnico, una evaluación externa (distinta al SIMCE y especialmente elaborada por Educa UC), además de un consejo asesor y otro consultivo. Todos sus miembros están ligados a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, han recibido los últimos cinco años consecutivos el apoyo de CORFO y su fondo de inversión “Expertus” destinado a los establecimientos educativos rentables, el cual alcanza los veinte millones de dólares aproximadamente.

Si tomamos en cuenta las reales diferencias que hay en cuanto a financiamiento entre las escuelas del Estado y las particulares subvencionadas el escenario es impactante. Las escuelas particulares, a diferencia de las municipales, reciben recursos de las siguientes fuentes:

1.- Financiamiento Compartido. Este es el pago que hacen las familias en establecimientos subvencionados. El año 2005 las escuelas recibieron un total de
$187.801.790.886 por concepto de financiamiento compartido con un pago promedio por alumno de $23.111 mensual. Ese año, del total de los establecimientos que operaban con financiamiento compartido, el 96 % era particular.

2.- Donaciones empresariales por la Ley Nº19.247. Esta ley permite a empresarios
(anónimos por ley) donar dinero a instituciones educativas a su elección y, como beneficio, pueden rebajar de sus impuestos 50% del dinero donado. El año 2007 el dinero donado a las escuelas por el empresariado en la Región Metropolitana fue de un total de 14.295.444.844 millones de pesos. Casi el 90% de esa cifra fue para 55 escuelas particulares. Mientras sólo un 11% aproximadamente se repartió entre más de 130 establecimientos municipales.

3. - Otros recursos provienen de contribuciones de la Iglesia Católica, cuotas del centro de padres o de recursos de las propias corporaciones y fundaciones educacionales.

Estas últimas puedan estar ligadas a financistas, como es el caso de la Fundación
“Educando Juntos” que tiene un convenio con el Banco Chile,6 u otras fuentes de financiamiento, como el mencionado fondo Expertus destinado a Educa UC.
Como vemos hay sustanciales fuentes de financiamiento extraordinarios destinados a la educación particular. Las escuelas del Estado, aparte de la subvención regular, sólo reciben aportes municipales variables, por lo general escasos, y recursos del fondo de desarrollo regional. A modo de ejemplo, en el año 2005, este fondo sólo alcanzó un total de 181.337.888 millones de pesos para todas las escuelas.
No se compara con los más de 12.000 millones que reciben algunas escuelas particulares sólo por concepto de donaciones empresariales. Estas escuelas, al menos las que más dinero reciben, son proyectos de educación perfectamente organizados y controlados por una fundación o corporación de perfil católico conservador, la mayoría ya mencionadas en este texto. Es decir, la vanguardia ideológica de la derecha educativa. Tanto en la Región Metropolitana, como en el resto de las regiones, existen las condiciones para la constitución de estas iniciativas al amparo del “libre” mercado educativo.

¿Por qué el Estado no pueda articular una mejor institucionalidad para sus escuelas? ¿Por qué no dar un sustancial financiamiento preferencial a sus escuelas por sobre la subvención escolar regular?
¿Qué explica la tenaz oposición de estos aventajados sostenedores, al fortalecimiento de la Educación Pública? Si uno pregunta a los actores educativos si creen que el Estado debe optar preferentemente por sus escuelas casi la totalidad se pronuncia a favor. ¿Por qué alguien podría oponerse a mayor financiamiento y real participación? “Gobernar es educar” señala la cita. Si el Estado quiere fortalecer la democracia y superar la desigualdad debe decididamente optar por un financiamiento preferencial al sistema público de educación. Educación que es la más poderosa herramienta para fortalecer el pluralismo, la solidaridad y la cohesión social que nuestra sociedad necesita.

Fuente: OPECH. 22 de Dicicembre de 2008