Nuevo Ministerio de Educación PRIVADA

A dos años de la “revolución pingüina” poco ha cambiado nuestro sistema educativo respecto de las demandas planteadas por la sociedad chilena el 2006. La LOCE debería ser derogada por un acuerdo entre la Alianza y la Concertación, que establecido a puertas cerradas incumple las propuestas realizadas por el Consejo Asesor creado en aquel entonces. No se ha revisado ni la Jornada Escolar Completa ni la Municipalización, y mucho menos se espera que los “horizontes de cambio” apunten a poner fin al lucro en educación con fondos públicos.

Por ello, poco sorprenden los anuncios de movilización estudiantil en medio de la
reconfiguración ministerial provocada por el escándalo de subvenciones que condenó las irregularidades de los funcionarios públicos involucrados, pero que dejó en el olvido a los sostenedores que aumentaron sus ganancias por la vía del fraude, amparados por el sistema de subvenciones vigente.
Lo que sí sorprende es la nueva configuración de un Ministerio de la Concertación que se nutre de un consejo asesor compuesto en buena parte de ideólogos de derecha –Centro de Estudios Públicos y Libertad y Desarrollo- y empresarios de la educación, que en vista de su interés particular no promueven eliminar la posibilidad de lucrar con dineros públicos, sino por el contrario: buscan profundizar diseño de un cuasimercado educacional que desfocaliza el gasto público al alimentar sostenedores cuyo fin último no es la provisión educativa, sino la obtención de ganancias, y están por el derecho al lucro por sobre el derecho a la educación.

De Público a Privado

Empero, movilizaciones y fraudes poco importan a una estructura que ha mutado silenciosa, pero al fin hoy con transparencia.
Nadie podría precisar desde cuando el Ministerio de Educación borró de cada una de sus placas el apellido de “Pública”; en efecto, hacia los inicios de los años 90, aun el logo ministerial tenía dicha leyenda –MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA-. Interesante sería averiguar qué oficios ordenaron dicho cambio de imagen o cuáles funcionarios lo decretaron en el “retorno a la democracia”. No obstante, sí podremos fechar –abril 2008- cuándo se transparentó una vocación que lleva ya varios años articulándose; la de un Ministerio para la Educación
Privada. Prueba de ello es la composición del consejo de asesores convocados por la nueva ministra, que la prensa ha definido como de “superexpertos”. Algunos nombres ya no pueden sorprender como José Joaquín Brunner que junto a
Cristián Cox son en cierta medida arquitectos del estado actual de las cosas.
Además, resulta paradójico nombrar de asesores a Cristián Larroulet, Harald
Beyer y Patricia Matte, cuando parecieran ser un sector ideológico diferente del pensamiento de la concertación. De hecho, aquel trío estuvo entre los principales opositores al proyecto de Ley General de Educación, y fueron parte del equipo que redactó el Acuerdo Alianza-Concertación que sólo ha generado desacuerdo entre la clase política y la sociedad. También integran tan selecto consejo algunos
adalides del lucro en educación como son el rector de la Universidad Diego
Portales Carlos Peña, y el ícono de la migración del sector público al privado, como es la otrora ministra Mariana Aylwin, quien con escaso discurso, pero marcada vehemencia defiende sus granjerías educacionales.
De todos los mencionados; ¿quién habrá cursado estudios en alguna escuela, liceo o universidad pública?

El otro “currículum” de la nueva ministra de Educación

En la dirección contraria a la exigida por estudiantes, profesores y padres partió la nueva ministra, quienes exigían que las transformaciones en educación pasaran por toda la sociedad y no por unos pocos técnicos y lobbistas. Súmese su anuncio de que pasará dos días de la semana en el Congreso, intentando destrabar con los parlamentarios la aprobación de la LGE. ¿Y si mejor pasara por las salas de los colegios municipales a conversar con los docentes y apoderados, o las asambleas de los secundarios a ver qué opinan ellos?

Así, alabada por la prensa por su “experiencia en gestión” y priorizando las tareas
“internas” ("el trabajo hacia fuera va a ser el justo y necesario", se encargó de aclarar, y lo refrendó el jueves pasado callando frente a las demandas estudiantiles), pocos medios apuntaron la polvareda que Jiménez, saliente rectora de la Universidad Católica de Temuco, levantó en la sureña ciudad.
Inmediatamente después de su nombramiento -el 17 de abril-, los estudiantes de dicha casa de estudios realizaron una marcha hasta rectoría para manifestar su rechazo por la expulsión –tan sólo unos días atrás- de 26 alumnos, algunos sujetos a amedrentamientos y persecuciones políticas; esto cuando aún ejercía como rectora Jiménez.

Wladimir Araya, uno de los afectados, describió a la prensa su situación: “En la universidad, si no apruebas cierta cantidad de créditos, ingresas a un causal de eliminación, donde se supone puedes apelar, pero no se me permitió. Además, me sumariaron por participar en una toma, y a la comisión que analizó el hecho se designó autoritariamente un estudiante para representarnos sin que pudiéramos escogerlo. El lunes nos dijeron que estábamos fuera”.
A lo anterior, agregó que “cuando me llamaron a declarar por el sumario, me interrogó un fiscal de la universidad, a puerta cerrada, no había nadie más. Me mostró un cuadro de fotos y me dijeron que delatara a mis compañeros que participaron en la toma. Yo no lo acepté, porque no es un debido proceso”.

La ministra y el lucro

Aparte de las ronchas por su gestión en Temuco, la propia Mónica Jiménez ya ha dado algunas luces de su perfil. Cercana a la DC y la Iglesia Católica, parte de su currículum es descrito por ella misma: “Llevo muchos años en esto: trabajando por más de 30 años en la Universidad Católica en diferentes cargos; creé una corporación que trabaja con liceos en sectores populares de Santiago; he sido sostenedora de colegios; he estado a cargo de la formación de profesores y entremedio hice trabajo de educación ciudadana en torno al plebiscito”, declaró a
La Segunda.

En efecto, a través de la Corporación Participa, se hizo cargo del Colegio
Polivante de La Pintana en 1998, el que cuatro años después fue traspasado a la
Corporación Aprender, creada justamente para administrar el establecimiento –al que hoy se suman dos más bajo su alero-. En dichas corporaciones participa junto a personeros de la talla de Sergio Molina, ministro de Hacienda del gobierno de
Frei Montalva y actual vicepresidente del Banco del Desarrollo, y Mariana Aylwin, ex ministra de Educación de Ricardo Lagos y sostenedora a través de diversas corporaciones.

Jiménez también formó parte del Consejo Asesor Presidencial de Educación
Superior, en cuyo informe final se atestigua la votación de la nueva ministra a favor del lucro en las instituciones de educación superior.
Además, acaba de nombrar como Jefa de la División de Educación General –en reemplazo de Mónica Luna- a Rosita Puga, directora académica de la Corporación
Belén Educa, del Arzobispado de Santiago, administradora de varios colegios y en plena expansión.
Pero una frase para el bronce quedó registrada en un blog de la prensa. Criticando el currículum de la ministra, Paul Saintard dice: “…lo más negativo es lo que dijo hoy a una radio. Cito: ‘Como ahora hay recursos para educación, ya no se justifica que los sostenedores se tienten con fraudes’. ¿Antes se justificaba?”, se pregunta con suma pertinencia el lector.

Así, el actual estado de cosas nos deja claro que este nuevo equipo va en dirección contraria a las necesidades y propuestas de la sociedad chilena. El cúmulo de antecedentes nos arroja algunas luces sobre qué esperar de la nueva cabecilla del Mineduc: vínculo directo con los sostenedores privados, fomento del lucro en el sistema educativo, nulo diálogo con los actores sociales… ¿Algo nuevo bajo el sol? Los ciudadanos juzgarán durante este candente mes de mayo.

Fuente: Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH)