El día Viernes 18 del presente mes fue despachado el proyecto de Ley General de Educación el por la Comisión respectiva en la Cámara de Diputados. Se prevé que la próxima semana sería votado -favorablemente- por los diputados, y que para mediados de mayo el Senado haría lo propio, cumpliendo así con los compromisos interpartidarios tras el "acuerdo" firmado por la Concertación y la Alianza en diciembre pasado.
En “Más allá de la Psu” te mostramos por qué, tanto LGE como el acuerdo Concetación-Alianza no son una solución ante las demandas estudiantiles y, por ende, al problema de fondo de la educación.
I.- El primer logro del bachelletismo aliancista
Hace ya un tiempo se firmó un acuerdo para sustituir la LOCE, llamado “acuerdo por la calidad de la educación”. Este fue suscrito por la Presidenta de la república, varios ministros y las dirigencias de la coalición gobernante (DC – PPD – PS – PR) y de la oposición de derecha (RN y UDI). El acuerdo fue celebrado por los grandes grupos empresariales, sostenedores educacionales (propietarios de colegios), principales columnistas de los medios de comunicación conservadores del país y la cúpula de la iglesia. Los principales elementos del acuerdo ya eran consenso entre los grandes ideólogos y defensores del actual sistema educativo, presentes en el Consejo Asesor Presidencial como José Joaquín Brunner, Patricia Matte y Carlos Peña. Tales actores ya habían mostrado su sesgo ideológico frente a las propuestas del mundo social*, que claramente apuntaban a terminar con la mercantilización de la educación.
* Ver propuestas del mundo social. http://www.opech.cl/editoriales/2006_10/opinion_sanchez_gonzalez_Cornejo_Caldichoury.pdf
II.- ¿Cuales son las demandas que ha expresado el movimiento secundario* y otros actores educativos** durante los últimos años?
Los estudiantes y otros actores sociales pedían, derogar la LOCE, fortalecer la educación pública, acabar con la Municipalización, redefinir el rol del Estado, impedir el lucro con recursos públicos y la educación de mercado, acabar con la discriminación y selección arbitraria de estudiantes, revisar la Jornada Escolar Completa (JEC), promover mejoras curriculares, como la incorporación de formación sindical y educación sexual y promover la participación de la comunidad educativa, entre otros.
* Ver documento estudiantes secundarios. http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/resoluciones_congreso_nacional_de_estrudiantes_secundarios.pdf
** Ver documento colegio de profesores. http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/InformeWEB.pdf
III.- ¿Qué propone principalmente el Acuerdo Concertación-Alianza*?
1.- Consolida la igualdad de trato del Estado, en términos de financiamiento, hacia los sostenedores privados y municipales. De esta manera, no se opta por el fortalecimiento de la educación pública en la que se educan los sectores más desposeídos del país.
2.- No modifica el sistema de sostenedores municipales, y mantiene el derecho a lucro con recursos públicos por parte de los sostenedores privados. Ello significa que, en lugar de que los recursos del estado se destinen prioritariamente a fortalecer la calidad de la educación pública, se continúa fortaleciendo la educación privada y no se construye un sistema de administración de educación pública efectivo, que reemplace al fracasado sistema municipal. Es contradictorio -ver como señal de transparencia- que se exija a los sostenedores privados ser personas jurídicas, con un giro tributario único dedicado a educación, si los municipios se dedican a muchos ámbitos además de administrar la educación, ¿lo que es bueno para los sostenedores privados, no es bueno para los sostenedores públicos? ¿No debiera tener también el sistema estatal la exigencia de giro único destinado a educación?
3.- Mantiene el rol subsidiario del estado y crea tres espacios de fiscalización: la
Superintendencia (que fiscalizará recursos y normativas), la Agencia de Calidad (que velará por los estándares educativos) y el Consejo Nacional de Educación conformado por especialistas. Estas nuevas instituciones no dan garantías de protección del derecho a la educación en el actual contexto neoliberal (veamos las limitaciones que han demostrado tener otras superintendencias, como las de ISAPRES y AFP). Además, ninguna de estas instancias contempla la participación de la ciudadanía. No queda claro si estas nuevas instituciones serán útiles para fortalecer el rol del estado o terminarán siendo fuente de recursos para la elite de profesionales que ha usufructuado de los recursos del Estado, primero con la reforma educacional y ahora con los resultados de este acuerdo.
4. Indica nuevas normas sobre selección de estudiantes, prestando atención a las denuncias sobre discriminación, pero no a las de segmentación del sistema educativo:
a.- Se establecen procesos de admisión de conocimiento público, lo que no significa terminar con la selección de estudiantes.
b.- Entre pre-kinder y 6° básico se prohíbe la selección por razones académicas
(“no se considerará el rendimiento pasado o potencial”), pero no se excluyen claramente “otro tipo de pruebas de admisión” como señala el documento. Por otra parte, mientras se mantenga el sistema de financiamiento compartido en los establecimientos particulares subvencionados, que obliga a las familias a pagar una mensualidad por sobre el financiamiento del estado, se mantiene en los hechos, un proceso de selección de alumnos por razones socioeconómicas.
c.- Se legaliza la selección de estudiantes desde 6º básico en adelante, consolidando la segmentación e inequidad hasta el fin de la enseñanza media.
Los efectos de la segmentación educativa, se observan fundamentalmente en los cursos superiores. Se está definiendo el futuro de nuestros jóvenes, quizás ya no a los seis años de edad, pero sí a los once.
d.- Se explicita que “el rendimiento escolar no será obstáculo para la renovación de la matrícula”, siempre que no se repita en dos ocasiones un mismo nivel. No obstante, la capacidad de pago de un apoderado, sí puede ser causal para la no renovación de la matrícula, así como también pueden serlo aspectos disciplinarios y de conducta. Nos parece que ninguna escuela que reciba fondos públicos debiese tener la libertad de expulsar estudiantes por este tipo de razones.
e.- Finalmente, el acuerdo es ambiguo respecto de la facultad de los sostenedores particulares subvencionados para escoger estudiantes en función de su proyecto educativo (siendo ésto claramente una discriminación ideológica con fondos públicos). Según el acuerdo, los sostenedores tienen derecho a “establecer un proyecto educativo y ejercer la autonomía que le garantizan las leyes”, y los estudiantes y apoderados deben colaborar con el proyecto educativo del establecimiento. Es fundamental garantizar que ésto no sea utilizado como otro mecanismo de discriminación, mediante sanciones o expulsiones, como las que hemos visto el ultimo año, en colegios católicos y municipales (ver por ejemplo el caso del Colegio Carolina Llona de Maipú** y del Liceo Amunátegui***)
5. Se establece una nueva estructura curricular con seis años de enseñanza básica y seis años de enseñanza media, y se fomenta la autonomía curricular de los colegios, transformando los actuales contenidos mínimos obligatorios en “objetivos de aprendizaje”. Cabe preguntarse ¿Cómo se implementarán estos cambios? Ya tenemos el ejemplo de la reforma curricular de los años 90, que no pudo ser implementada eficazmente pese a sus buenas intenciones, al no modificar la estructura de inequidad del sistema educativo, no fortalecer las capacidades técnicas en las escuelas populares, ni fomentar procesos locales de participación.
*Ver documento acuerdo Concertación-Alianza. http://www.lyd.com/LYD/Controls/Neochannels/Neo_CH4296/deploy/documento%20definiciones%20concertacion-alianza%20final.pdf
**Ver Colegio Carolina Llona de Maipú. http://www.opech.cl/espec/07_03_22_paradigma_carolina_llona.html
*** Ver Liceo Amunátegui. http://www.opech.cl/editoriales/2007_06/07-06-21_movilizaciones.pdf
IV.- ¿Qué queda por delante?...
Queda claro que este acuerdo no toca ninguno de los pilares del actual sistema educativo mercantilizado, el que ha generado una crisis de calidad, inequidad y segmentación social en las escuelas. Estos pilares son al menos cinco: 1° La Constitución Política y el rol del Estado en la educación pública; 2° el sistema de financiamiento mercantilista basado en la competencia entre municipios y privados por los recursos del Estado; 3° el sistema de administración municipal y las pobres condiciones en que este gestiona la educación pública; 4° las precarias condiciones en que se realiza el trabajo docente, especialmente en las escuelas más empobrecidas; 5° y, por último, el sistema de evaluación que limita los criterios de calidad y fomenta la competencia*. Llama poderosamente la atención que este acuerdo ni siquiera haya considerado sugerencias de organismos internacionales plenamente alineados con la economía de mercado. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, en su informe del año 2004, plantea que “la educación chilena está concientemente estructurada por clases sociales” (OCDE,
2004: 277) y “está influenciada por una ideología, que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado y competencia para la mejora de los procesos de enseñanza
y aprendizaje” (OCDE, 2004: 290). En la misma línea un reciente informe del Banco
Mundial sobre aseguramiento de calidad de la educación plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de educación estatales**
Por otra parte, y resulta obvio decirlo, tampoco fueron escuchadas las demandas y propuestas planteadas por distintos actores educativos, desde sus realidades específicas y desde la coordinación social llevada a cabo durante el año 2006 a través del llamado
Bloque Social por la Educación. Las propuestas del Bloque Social llaman la atención por su consistencia, sencillez y calidad técnica***
Muchos sectores ya habían anticipado que el Consejo Asesor Presidencial, no era representativo de la ciudadanía. Se encontraban sobre-representados los sectores conservadores y tecnocráticos, los cuales ya había mostrado cierto nivel de alianza al interior del mismo. Los actores sociales sub-representados en el Consejo, dieron la primera señal de alarma del advenimiento de este acuerdo, al bajarse de la instancia pocos días antes de la entrega del informe final. Queda en evidencia que las estrategias de participación desplegadas desde el gobierno, no dan cuenta del sentir ciudadano y sólo han antecedido o disfrazado la negociación del gobierno con los mismos grupos de presión de siempre; como ha sido el caso de otros consejos asesores ya terminados o en curso (previsión, equidad).
A pesar de esto, el actual debate educativo sigue en curso, el sentido común ha rechazado este acuerdo, el propio presidente del consejo asesor lo hizo. La cotidianeidad en las escuelas da testimonio de este gatopardismo (cambiar todo, para que nada cambie), por ello es importante dar a conocer en detalle que tales cambios no tocan los pilares de la crisis educativa chilena.
La Derecha y los tecnócratas celebraron el fin de la discusión que hizo temblar la institucionalidad educativa que dejó el régimen militar. Los ciudadanos y los movimientos sociales debemos demostrar que se equivocan, que la discusión no ha terminado, sino que apenas comienza.
*Ver documento Crisis educativa. http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/EstadoEducacionChile_DiagnPropuestas_Cornejo_OPECH.pdf
**Ver columna OPECH sobre el tema. http://www.opech.cl/editoriales/2007_10/2007_11_08_debate_actual_vs_evidencia.pdf
En “Más allá de la Psu” te mostramos por qué, tanto LGE como el acuerdo Concetación-Alianza no son una solución ante las demandas estudiantiles y, por ende, al problema de fondo de la educación.
I.- El primer logro del bachelletismo aliancista
Hace ya un tiempo se firmó un acuerdo para sustituir la LOCE, llamado “acuerdo por la calidad de la educación”. Este fue suscrito por la Presidenta de la república, varios ministros y las dirigencias de la coalición gobernante (DC – PPD – PS – PR) y de la oposición de derecha (RN y UDI). El acuerdo fue celebrado por los grandes grupos empresariales, sostenedores educacionales (propietarios de colegios), principales columnistas de los medios de comunicación conservadores del país y la cúpula de la iglesia. Los principales elementos del acuerdo ya eran consenso entre los grandes ideólogos y defensores del actual sistema educativo, presentes en el Consejo Asesor Presidencial como José Joaquín Brunner, Patricia Matte y Carlos Peña. Tales actores ya habían mostrado su sesgo ideológico frente a las propuestas del mundo social*, que claramente apuntaban a terminar con la mercantilización de la educación.
* Ver propuestas del mundo social. http://www.opech.cl/editoriales/2006_10/opinion_sanchez_gonzalez_Cornejo_Caldichoury.pdf
II.- ¿Cuales son las demandas que ha expresado el movimiento secundario* y otros actores educativos** durante los últimos años?
Los estudiantes y otros actores sociales pedían, derogar la LOCE, fortalecer la educación pública, acabar con la Municipalización, redefinir el rol del Estado, impedir el lucro con recursos públicos y la educación de mercado, acabar con la discriminación y selección arbitraria de estudiantes, revisar la Jornada Escolar Completa (JEC), promover mejoras curriculares, como la incorporación de formación sindical y educación sexual y promover la participación de la comunidad educativa, entre otros.
* Ver documento estudiantes secundarios. http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/resoluciones_congreso_nacional_de_estrudiantes_secundarios.pdf
** Ver documento colegio de profesores. http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/InformeWEB.pdf
III.- ¿Qué propone principalmente el Acuerdo Concertación-Alianza*?
1.- Consolida la igualdad de trato del Estado, en términos de financiamiento, hacia los sostenedores privados y municipales. De esta manera, no se opta por el fortalecimiento de la educación pública en la que se educan los sectores más desposeídos del país.
2.- No modifica el sistema de sostenedores municipales, y mantiene el derecho a lucro con recursos públicos por parte de los sostenedores privados. Ello significa que, en lugar de que los recursos del estado se destinen prioritariamente a fortalecer la calidad de la educación pública, se continúa fortaleciendo la educación privada y no se construye un sistema de administración de educación pública efectivo, que reemplace al fracasado sistema municipal. Es contradictorio -ver como señal de transparencia- que se exija a los sostenedores privados ser personas jurídicas, con un giro tributario único dedicado a educación, si los municipios se dedican a muchos ámbitos además de administrar la educación, ¿lo que es bueno para los sostenedores privados, no es bueno para los sostenedores públicos? ¿No debiera tener también el sistema estatal la exigencia de giro único destinado a educación?
3.- Mantiene el rol subsidiario del estado y crea tres espacios de fiscalización: la
Superintendencia (que fiscalizará recursos y normativas), la Agencia de Calidad (que velará por los estándares educativos) y el Consejo Nacional de Educación conformado por especialistas. Estas nuevas instituciones no dan garantías de protección del derecho a la educación en el actual contexto neoliberal (veamos las limitaciones que han demostrado tener otras superintendencias, como las de ISAPRES y AFP). Además, ninguna de estas instancias contempla la participación de la ciudadanía. No queda claro si estas nuevas instituciones serán útiles para fortalecer el rol del estado o terminarán siendo fuente de recursos para la elite de profesionales que ha usufructuado de los recursos del Estado, primero con la reforma educacional y ahora con los resultados de este acuerdo.
4. Indica nuevas normas sobre selección de estudiantes, prestando atención a las denuncias sobre discriminación, pero no a las de segmentación del sistema educativo:
a.- Se establecen procesos de admisión de conocimiento público, lo que no significa terminar con la selección de estudiantes.
b.- Entre pre-kinder y 6° básico se prohíbe la selección por razones académicas
(“no se considerará el rendimiento pasado o potencial”), pero no se excluyen claramente “otro tipo de pruebas de admisión” como señala el documento. Por otra parte, mientras se mantenga el sistema de financiamiento compartido en los establecimientos particulares subvencionados, que obliga a las familias a pagar una mensualidad por sobre el financiamiento del estado, se mantiene en los hechos, un proceso de selección de alumnos por razones socioeconómicas.
c.- Se legaliza la selección de estudiantes desde 6º básico en adelante, consolidando la segmentación e inequidad hasta el fin de la enseñanza media.
Los efectos de la segmentación educativa, se observan fundamentalmente en los cursos superiores. Se está definiendo el futuro de nuestros jóvenes, quizás ya no a los seis años de edad, pero sí a los once.
d.- Se explicita que “el rendimiento escolar no será obstáculo para la renovación de la matrícula”, siempre que no se repita en dos ocasiones un mismo nivel. No obstante, la capacidad de pago de un apoderado, sí puede ser causal para la no renovación de la matrícula, así como también pueden serlo aspectos disciplinarios y de conducta. Nos parece que ninguna escuela que reciba fondos públicos debiese tener la libertad de expulsar estudiantes por este tipo de razones.
e.- Finalmente, el acuerdo es ambiguo respecto de la facultad de los sostenedores particulares subvencionados para escoger estudiantes en función de su proyecto educativo (siendo ésto claramente una discriminación ideológica con fondos públicos). Según el acuerdo, los sostenedores tienen derecho a “establecer un proyecto educativo y ejercer la autonomía que le garantizan las leyes”, y los estudiantes y apoderados deben colaborar con el proyecto educativo del establecimiento. Es fundamental garantizar que ésto no sea utilizado como otro mecanismo de discriminación, mediante sanciones o expulsiones, como las que hemos visto el ultimo año, en colegios católicos y municipales (ver por ejemplo el caso del Colegio Carolina Llona de Maipú** y del Liceo Amunátegui***)
5. Se establece una nueva estructura curricular con seis años de enseñanza básica y seis años de enseñanza media, y se fomenta la autonomía curricular de los colegios, transformando los actuales contenidos mínimos obligatorios en “objetivos de aprendizaje”. Cabe preguntarse ¿Cómo se implementarán estos cambios? Ya tenemos el ejemplo de la reforma curricular de los años 90, que no pudo ser implementada eficazmente pese a sus buenas intenciones, al no modificar la estructura de inequidad del sistema educativo, no fortalecer las capacidades técnicas en las escuelas populares, ni fomentar procesos locales de participación.
*Ver documento acuerdo Concertación-Alianza. http://www.lyd.com/LYD/Controls/Neochannels/Neo_CH4296/deploy/documento%20definiciones%20concertacion-alianza%20final.pdf
**Ver Colegio Carolina Llona de Maipú. http://www.opech.cl/espec/07_03_22_paradigma_carolina_llona.html
*** Ver Liceo Amunátegui. http://www.opech.cl/editoriales/2007_06/07-06-21_movilizaciones.pdf
IV.- ¿Qué queda por delante?...
Queda claro que este acuerdo no toca ninguno de los pilares del actual sistema educativo mercantilizado, el que ha generado una crisis de calidad, inequidad y segmentación social en las escuelas. Estos pilares son al menos cinco: 1° La Constitución Política y el rol del Estado en la educación pública; 2° el sistema de financiamiento mercantilista basado en la competencia entre municipios y privados por los recursos del Estado; 3° el sistema de administración municipal y las pobres condiciones en que este gestiona la educación pública; 4° las precarias condiciones en que se realiza el trabajo docente, especialmente en las escuelas más empobrecidas; 5° y, por último, el sistema de evaluación que limita los criterios de calidad y fomenta la competencia*. Llama poderosamente la atención que este acuerdo ni siquiera haya considerado sugerencias de organismos internacionales plenamente alineados con la economía de mercado. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, en su informe del año 2004, plantea que “la educación chilena está concientemente estructurada por clases sociales” (OCDE,
2004: 277) y “está influenciada por una ideología, que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado y competencia para la mejora de los procesos de enseñanza
y aprendizaje” (OCDE, 2004: 290). En la misma línea un reciente informe del Banco
Mundial sobre aseguramiento de calidad de la educación plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de educación estatales**
Por otra parte, y resulta obvio decirlo, tampoco fueron escuchadas las demandas y propuestas planteadas por distintos actores educativos, desde sus realidades específicas y desde la coordinación social llevada a cabo durante el año 2006 a través del llamado
Bloque Social por la Educación. Las propuestas del Bloque Social llaman la atención por su consistencia, sencillez y calidad técnica***
Muchos sectores ya habían anticipado que el Consejo Asesor Presidencial, no era representativo de la ciudadanía. Se encontraban sobre-representados los sectores conservadores y tecnocráticos, los cuales ya había mostrado cierto nivel de alianza al interior del mismo. Los actores sociales sub-representados en el Consejo, dieron la primera señal de alarma del advenimiento de este acuerdo, al bajarse de la instancia pocos días antes de la entrega del informe final. Queda en evidencia que las estrategias de participación desplegadas desde el gobierno, no dan cuenta del sentir ciudadano y sólo han antecedido o disfrazado la negociación del gobierno con los mismos grupos de presión de siempre; como ha sido el caso de otros consejos asesores ya terminados o en curso (previsión, equidad).
A pesar de esto, el actual debate educativo sigue en curso, el sentido común ha rechazado este acuerdo, el propio presidente del consejo asesor lo hizo. La cotidianeidad en las escuelas da testimonio de este gatopardismo (cambiar todo, para que nada cambie), por ello es importante dar a conocer en detalle que tales cambios no tocan los pilares de la crisis educativa chilena.
La Derecha y los tecnócratas celebraron el fin de la discusión que hizo temblar la institucionalidad educativa que dejó el régimen militar. Los ciudadanos y los movimientos sociales debemos demostrar que se equivocan, que la discusión no ha terminado, sino que apenas comienza.
*Ver documento Crisis educativa. http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/EstadoEducacionChile_DiagnPropuestas_Cornejo_OPECH.pdf
**Ver columna OPECH sobre el tema. http://www.opech.cl/editoriales/2007_10/2007_11_08_debate_actual_vs_evidencia.pdf
***Ver documento Propuestas del bloque social a las organizaciones populares y a la ciudadanía para mejorar la educación chilena. http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/documento_propuestas_bloque.pdf
Fuente: OPECH
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