miércoles, 2 de abril de 2008

SOBARSE LAS MANOS CON LAS PLATAS DEL ESTADO



Ganar o no ganar plata educando pingüinos. Esa es la disputa que, a partir del envío del proyecto de la LGE, ha sacado ronchas entre quienes defienden el interés de empresarios y quienes plantean que es impresentable lucrar con fondos públicos.
por Macarena Peña y Lillo
Reportaje y entrevista a Mariana Aylwin.

“HAY QUE TRANSPARENTAR EL NEGOCIO”

A la mami de Paz Bascuñán se le soltaron las trenzas. La ex ministra de Lagos y militante DC, ahora desde el mundo privado de la enseñanza, defiende la educación como negocio y cree que sólo habría que “transparentarlo”.


Una de las voces que más fuerte se ha escuchado en defensa del lucro es la de la ex ministra de Educación Mariana Aylwin, la misma que enfrentó el primer round con los pingüinos el 2001, cuando se destapó la olla de los “raspapases”. La hija del ex Presidente Aylwin sigue en el rubro educacional, pero ahora del otro lado, el privado, codeándose con magnates y avivados ex funcionarios públicos.
La mami de Paz Bascuñán es directora ejecutiva de la Corporación Aprender, entidad sostenedora de dos colegios subvencionados, uno en La Pintana y otro en Pedro Aguirre Cerda. Además, es parte del directorio de la Universidad Uniacc y participa de la Fundación Belén Educa, donde comparte con personajes como el también ex titular de Educación y actual presidente de Codelco, José Pablo Arellano; el ex ministro de Hacienda de Pinochet, Martín Costabal, y Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec y sobrino del patriarca del grupo, Anacleto Angelini.



¿Por qué defender el lucro en educación como legítimo?
- El tema de fondo es si queremos que participe el sector privado en educación o no, porque si queremos que participe tenemos que permitir que esas personas tengan retorno de su actividad. Lo que yo encuentro ilegítimo es lucrar a costa de la calidad del servicio, hay que buscar formas para que eso no pueda ocurrir. Lo que hacía el colegio Britania es ilegítimo, es un escándalo, y el Estado tiene que tener facultades para intervenir en esos casos.


¿Cómo hacer para no transar la calidad de la educación si se justifica la generación de utilidades a partir de una subvención de 30 mil pesos?
- Yo creo también que hay que mejorar la subvención, pero ese es otro punto. El 90% de los establecimientos privados con fines de lucro son de sostenedores pequeños, profesores que han hecho su esfuerzo y han instalado un colegio. Son pequeños o medianos empresarios, gente que vive de eso.


Pero hay quienes han ganado harta plata con la educación…
- Pero son casos aislados. La mayoría son pequeños y nadie puede decir que se han enriquecido. Si nosotros permitimos solamente que las corporaciones puedan funcionar va a pasar lo que ocurre con las universidades, donde los más ricos forman sus corporaciones, compran las universidades y sacan el lucro por otra parte.


A ver, pero usted pertenece al directorio de la Uniacc, universidad que utiliza esos mecanismos.
- Perdón, la actividad de las universidades privadas es completamente legítima y legal, así es que no tengo ninguna contradicción. La Uniacc, además, atiende a un montón de personas que están terminando sus estudios.


Pero eso es un ejemplo de que a pesar de ser instituciones sin fines de lucro, hay ganancias.
- Yo estoy en contra de una legislación que dice que las universidades no tienen fin de lucro y que las universidades se las arreglen para tener fin de lucro de otra manera.

O sea, la idea sería transparentar el negocio…
- Por supuesto. Hay que transparentarlo, porque en nuestro país siempre decimos cosas en las leyes que no se cumplen. Yo quiero transparencia, quiero buen uso de los recursos, especialmente cuando son recursos públicos, y quiero diversidad de ofertas en educación. Y para eso, lo que tenemos que hacer no es terminar con el fin de lucro en educación.


LA MÁQUINA DE TENER COLEGIOS
Cerca de 30 mil pesos por alumno es lo que reciben mes a mes los colegios subvencionados de parte del Estado. Ya sean particulares o municipales, con ese monto los establecimientos tienen que pagar a sus profesores y mantenerse.
Desde diversos sectores se ha alegado que esa cifra es demasiado baja. Muchos dicen que debería al menos duplicarse para alcanzar a satisfacer las necesidades, sobre todo teniendo en cuenta que un colegio particular -de esos que aparecen top 10 en el Simce o la PSU- no cobra menos de 100 mil pesos de mensualidad. Pero, aunque resulte incomprensible, hay sostenedores que, de esos escuálidos 30 mil pesos, sacan utilidades y ganan plata.
“El tema aquí es ético, es decir, qué legitimidad tiene lucrar con dineros públicos”, dice Juan González, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH. Y claro, si el fisco da a penas para funcionar, es difícil entender de dónde sale la posibilidad de enriquecerse.
Pero no hay que engañarse. Si bien hay sostenedores pequeños que lucran cortando la cola de las subvenciones, existen grandes conglomerados educacionales con varios colegios a su haber, que reciben enormes sumas de dinero, “4 a 5 millones de dólares mensuales”, acota Juan Pablo Caldichoury, del OPECH. Plata garantizada ni más ni menos que por el Estado de Chile que les permite obtener créditos y hacer inversiones de largo plazo, todas actividades que generan enormes retornos.
El proyecto de Ley General de Educación establece que los sostenedores deberán ser “corporaciones sin fines de lucro”, no más personas naturales. Esto, a juicio de los chicos del OPECH, no hará más que concentrar el negocio y por lo tanto, hacerlo más rentable para los poderosos: “la mayor garantía para lucrar es la concentración, ya que a mayor concentración, más cantidad de negocios”, dice González.


AL “MERCADO” DE LA EDUCACIÓN
El Estado de Chile destina por cada alumno de establecimiento municipalizado y particular subvencionado una cantidad de dinero que bordea los 30 mil pesos. Basándose en la teoría neoliberal, ese monto debería ser entregado directamente a las familias en lo que se llama un voucher (algo así como un pagaré), para que ellos vayan al “mercado de la educación”, escojan el colegio que quieren para sus hijos y pasen por caja. Pero como no hay certeza de que los ciudadanos hagan buen uso de estos recursos, piensa el fisco, va y le pasa la plata al colegio. Entonces, un sostenedor recibe mensualmente un monto según la cantidad de alumnos que asistieron a clases en su establecimiento. De esta forma, el Estado se desliga de la educación de los estudiantes, le pasa la plata a los privados y espera que ellos se hagan cargo.

Fuente: Revista "Mala Clase". FECH

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