La necesidad de que el sistema sea fiscalizado de mejor manera por el Estado y que el Ministerio de Educación tenga una estructura acorde a las necesidades es compartida por moros y cristianos. Sin embargo, hay que preguntarse qué clase de sistema educacional se está configurando con la batería de propuestas a la que pertenece la de la superintendencia de educación.
En estos tiempos la ciudadanía, cuando recibe de la autoridad un anuncio de nueva política pública, suele perderse en una maraña boscosa de explicaciones tecnocráticas que van a la forma, lo cual –quizás intencionadamente- impide que se produzca el debate sobre el supuesto ideológico en que esa modificación se produce. Es por eso que la propuesta presidencial de crear una superintendencia de educación debería, más allá de sus propios méritos, plantearnos la pregunta sobre qué sistema educacional está configurando el gobierno de Michelle Bachellet.
La creación de este ente fiscalizador venía desde hace tiempo siendo objeto de análisis por parte de las autoridades. Y, en principio, el posicionamiento de esta idea surgió de la movilización del año pasado y fue particularmente enfatizada por los actores del llamado Bloque Social. En su diagnóstico, estos actores apostaban a separar dos funciones típicas del Estado de naturaleza contradictoria: la promoción y la regulación.
O sea, se trataba de reformar el Mineduc para transformar la educación. De este modo se esperaba que el Ministerio, con su propia estructura, pudiera concentrarse en los aspectos educativo-pedagógicos que aseguraran una educación de calidad, dejando el control y la fiscalización en manos de la superintendencia.
Esta reflexión se volcó en el trabajo que realizó el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y fue el antecedente para este proyecto de ley, el cual ingresó al Parlamento por el Senado y será analizado por la Comisión de Educación a partir de la próxima semana. El texto presidencial, en resumen, contempla que la nueva dependencia será fiscalizadora y descentralizada; que podrá evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad del sistema educativo; fiscalizar el uso de los recursos públicos y exigir rendición de cuentas, además de velar por el cumplimiento de los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional.
Dentro de las atribuciones, también, la Superintendencia podrá auditar la gestión financiera de los sostenedores y acceder a la documentación que se estime necesaria. Podrá solicitar el nombramiento de un administrador provisional y aplicar sanciones a quienes no cumplan con la normativa vigente. Estas van desde la amonestación; multas a beneficio fiscal entre 50 y 1.000 UTM (entre $1.615.000 y $32 millones); inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor, y la revocación del reconocimiento oficial del Estado.
Más allá de crear un organismo que asuma las funciones reguladoras del sistema educativo, ¿qué implica todo esto? Para responderlo, es preciso insertar la figura de las superintendencias en un contexto más general. En él, es importante reconocer que este tipo de dependencias surgen en las políticas públicas contemporáneas como instituciones de regulación de sistemas de libre mercado, en sectores que tienen problemas de información.
Siguiendo esa lógica, el anuncio del Mineduc reconoce implícitamente que la educación chilena seguirá fundamentalmente configurada como un mercado. Lo contrario hubiera pasado, entre otras cosas, por el fin de la educación particular subvencionada o sea, por un pronunciamiento sobre el financiamiento y sobre la gestión del sistema. En el contexto actual, el rol del Estado, si bien existe, no cambia en cuanto a naturaleza, manteniendo su carácter neoliberal. Su acción se consolida en cuanto a la regulación del mercado se refiere, corrigiendo las imperfecciones en cuanto a la fiscalización y no en cuanto a garantizar educación de calidad.
La comprensión de que la creación de una superintendencia era potente en un contexto de transformaciones estructurales era fundamental para los actores sociales. De hecho, así estaba planteado en el documento del Bloque Social La crisis educativa en Chile, Propuesta al Debate Ciudadano, donde se decía claramente que “la Superintendencia es un organismo estatal y (debe enfocarse) a garantizar el derecho a la educación -por lo tanto no es un organismo concebido en relación a vigilar un mercado educativo-".
El Mineduc no opina lo mismo. Su ministra, Yasna Provoste, sostiene que esta propuesta busca construir una organización educativa donde el mérito y el esfuerzo sean los valores centrales. Y para diferenciarlo de la insulsa nómina de superintendencias del Estado post-dictadura, afirma que este proyecto no sólo tiene atribuciones sobre los recursos y la logística, sino también sobre la calidad.
Otro aspecto digno de considerar, si por último concediéramos la idea del mercado perfecto del que habla la panacea neoliberal, es que en esa situación hipotética los colegios de mala calidad deberían desaparecer por el hecho de que los consumidores-clientes, al tener capacidad de elegir sobre sus alternativas, deberían ir desechando a las menos atractivas. Este requisito –el de niveles de información adecuada en manos de los actores y del regulador- es considerado imprescindible como norma general para que las superintendencias funcionen adecuadamente.
Es preciso, entonces, preguntarse si los actuales mecanismos de recolección de información de que dispone el sistema son los necesarios, ya sea en su concepción o en su capacidad de acceso. Es difícil que la superintendencia y los ciudadanos tengan claridad de la calidad de la educación con herramientas como el SIMCE, que no logran reconocer adecuadamente el aporte de las escuelas y confunde respecto a la real dimensión que implica una educación de calidad integral.
Durante las próximas semanas veremos la evolución de este debate en el Parlamento, en el marco de un escenario educacional vertiginoso. En él, el análisis de cualquier propuesta debe considerar la evolución general de las transformaciones educativas. Por el momento hay que tener mesura, puesto que la propuesta de Superintendencia puede ser reconocida como un avance e incluso generar la impresión de que las cosas están cambiando, sin que eso esté sucediendo efectivamente.
Fuente: OPECH. 15 al 22 de Junio de 2007
En estos tiempos la ciudadanía, cuando recibe de la autoridad un anuncio de nueva política pública, suele perderse en una maraña boscosa de explicaciones tecnocráticas que van a la forma, lo cual –quizás intencionadamente- impide que se produzca el debate sobre el supuesto ideológico en que esa modificación se produce. Es por eso que la propuesta presidencial de crear una superintendencia de educación debería, más allá de sus propios méritos, plantearnos la pregunta sobre qué sistema educacional está configurando el gobierno de Michelle Bachellet.
La creación de este ente fiscalizador venía desde hace tiempo siendo objeto de análisis por parte de las autoridades. Y, en principio, el posicionamiento de esta idea surgió de la movilización del año pasado y fue particularmente enfatizada por los actores del llamado Bloque Social. En su diagnóstico, estos actores apostaban a separar dos funciones típicas del Estado de naturaleza contradictoria: la promoción y la regulación.
O sea, se trataba de reformar el Mineduc para transformar la educación. De este modo se esperaba que el Ministerio, con su propia estructura, pudiera concentrarse en los aspectos educativo-pedagógicos que aseguraran una educación de calidad, dejando el control y la fiscalización en manos de la superintendencia.
Esta reflexión se volcó en el trabajo que realizó el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y fue el antecedente para este proyecto de ley, el cual ingresó al Parlamento por el Senado y será analizado por la Comisión de Educación a partir de la próxima semana. El texto presidencial, en resumen, contempla que la nueva dependencia será fiscalizadora y descentralizada; que podrá evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad del sistema educativo; fiscalizar el uso de los recursos públicos y exigir rendición de cuentas, además de velar por el cumplimiento de los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional.
Dentro de las atribuciones, también, la Superintendencia podrá auditar la gestión financiera de los sostenedores y acceder a la documentación que se estime necesaria. Podrá solicitar el nombramiento de un administrador provisional y aplicar sanciones a quienes no cumplan con la normativa vigente. Estas van desde la amonestación; multas a beneficio fiscal entre 50 y 1.000 UTM (entre $1.615.000 y $32 millones); inhabilitación temporal o a perpetuidad de la calidad de sostenedor, y la revocación del reconocimiento oficial del Estado.
Más allá de crear un organismo que asuma las funciones reguladoras del sistema educativo, ¿qué implica todo esto? Para responderlo, es preciso insertar la figura de las superintendencias en un contexto más general. En él, es importante reconocer que este tipo de dependencias surgen en las políticas públicas contemporáneas como instituciones de regulación de sistemas de libre mercado, en sectores que tienen problemas de información.
Siguiendo esa lógica, el anuncio del Mineduc reconoce implícitamente que la educación chilena seguirá fundamentalmente configurada como un mercado. Lo contrario hubiera pasado, entre otras cosas, por el fin de la educación particular subvencionada o sea, por un pronunciamiento sobre el financiamiento y sobre la gestión del sistema. En el contexto actual, el rol del Estado, si bien existe, no cambia en cuanto a naturaleza, manteniendo su carácter neoliberal. Su acción se consolida en cuanto a la regulación del mercado se refiere, corrigiendo las imperfecciones en cuanto a la fiscalización y no en cuanto a garantizar educación de calidad.
La comprensión de que la creación de una superintendencia era potente en un contexto de transformaciones estructurales era fundamental para los actores sociales. De hecho, así estaba planteado en el documento del Bloque Social La crisis educativa en Chile, Propuesta al Debate Ciudadano, donde se decía claramente que “la Superintendencia es un organismo estatal y (debe enfocarse) a garantizar el derecho a la educación -por lo tanto no es un organismo concebido en relación a vigilar un mercado educativo-".
El Mineduc no opina lo mismo. Su ministra, Yasna Provoste, sostiene que esta propuesta busca construir una organización educativa donde el mérito y el esfuerzo sean los valores centrales. Y para diferenciarlo de la insulsa nómina de superintendencias del Estado post-dictadura, afirma que este proyecto no sólo tiene atribuciones sobre los recursos y la logística, sino también sobre la calidad.
Otro aspecto digno de considerar, si por último concediéramos la idea del mercado perfecto del que habla la panacea neoliberal, es que en esa situación hipotética los colegios de mala calidad deberían desaparecer por el hecho de que los consumidores-clientes, al tener capacidad de elegir sobre sus alternativas, deberían ir desechando a las menos atractivas. Este requisito –el de niveles de información adecuada en manos de los actores y del regulador- es considerado imprescindible como norma general para que las superintendencias funcionen adecuadamente.
Es preciso, entonces, preguntarse si los actuales mecanismos de recolección de información de que dispone el sistema son los necesarios, ya sea en su concepción o en su capacidad de acceso. Es difícil que la superintendencia y los ciudadanos tengan claridad de la calidad de la educación con herramientas como el SIMCE, que no logran reconocer adecuadamente el aporte de las escuelas y confunde respecto a la real dimensión que implica una educación de calidad integral.
Durante las próximas semanas veremos la evolución de este debate en el Parlamento, en el marco de un escenario educacional vertiginoso. En él, el análisis de cualquier propuesta debe considerar la evolución general de las transformaciones educativas. Por el momento hay que tener mesura, puesto que la propuesta de Superintendencia puede ser reconocida como un avance e incluso generar la impresión de que las cosas están cambiando, sin que eso esté sucediendo efectivamente.
Fuente: OPECH. 15 al 22 de Junio de 2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario